Previo a la histórica elección presidencial de este domingo en Venezuela, el chavismo lo intentó todo: inhabilitó a María Corina Machado, persiguió a su equipo de trabajo, bloqueó la candidatura de Corina Yoris, arrestó a dirigentes de la oposición, restringió la inscripción de votantes en el extranjero, utilizó a su gusto los fondos públicos en la campaña electoral, manipuló las condiciones desde un Consejo Nacional Electoral absolutamente parcial y puso zancadillas de todo tipo a las recorridas de la campaña opositora por el país.
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Pero el régimen no ha jugado todas sus cartas tramposas. La “operación remolque” es por tradición uno de los últimos recursos que utiliza la dictadura venezolana para manipular los comicios desde los tiempos del ex presidente Hugo Chávez.
Se trata de un operativo “que hace el oficialismo desde las primeras elecciones y tiene que ver con el control de la militancia que ellos han desarrollado a través de distintas herramientas”. Tal como explicó en diálogo con Infobae, Jesús Delgado Valery, director Ejecutivo de Transparencia Electoral.
Una de las modalidades se implementan a través de stands instalados cerca de los centros de votación conocidos como “puntos rojos”. De esta manera, el chavismo registra qué personas han votado y quiénes no. “Se cruza la información de los beneficiarios de los programas sociales con respecto a los que votaron. De manera que en horas de la tarde, a poco de terminar la jornada electoral. Estos puntos rojos tienen la información de qué personas no han votado. Y salen a buscarlas a sus casas para que finalmente voten”, precisó Delgado Valery.
Para llevar a cabo esta operación, el oficialismo se fue perfeccionando con el correr de los años y sumó otra modalidad. De hecho, en 2018 incorporó el carnet de la Patria —un sistema de registro a través del cual los ciudadanos pueden cobrar bonos otorgados por el Estado—. “Es una plataforma digital, con tecnología china y con apoyo cubano. Que tiene registrados a millones de venezolanos y a través del cual se dan incentivos, bonos pagados, incluso por votar”. Dijo el director de Transparencia Electoral y agregó: “Es una plataforma muy opaca con la que el Gobierno controla a la ciudadanía. Sobre todo a los más necesitados para, entre otras cosas, obligarlos o buscarlos para que vayan a votar”.
Así, el chavismo utiliza la intimidación y la amenaza sobre los empleados públicos y los beneficiarios de los programas para que voten por Maduro. Que en esta oportunidad aparece 13 veces en la boleta de votación. “Los amenazan con quitarle los beneficios o con que van a perder el trabajo, la casa o el crédito”, profundizó.
