En el marco de la investigación de la operación Camaleón, el Ministerio Público ha presentado un contundente documento en el que se detallan al menos 25 graves acusaciones contra los implicados en una red de corrupción y crimen organizado. Los principales señalados en el caso son Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y Jochi Gómez, empresario de la firma Transcore Latam SRL.
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Las acusaciones derivan de una cuestionada licitación relacionada con la instalación y operación del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha solicitado medidas de coerción contra los acusados, incluyendo prisión preventiva y la declaratoria de "complejidad del proceso".
Principales acusaciones contra Hugo Beras, Jochi Gómez y los demás imputados:
- Formación de una organización criminal con la participación activa de funcionarios, ex empleados y ciudadanos con historial delictivo.
- Manipulación de licitación al seleccionar al oferente antes de que el proceso fuese publicado en el portal institucional.
- El oferente elegido, Transcore Latam, participó en la elaboración de los términos de la licitación, configurándola para asegurar su beneficio.
- Acceso ilícito a información sensible: Hugo Beras confió el control de la red semafórica del Gran Santo Domingo a personas con antecedentes penales.
- Vínculos personales: Beras mantenía una relación cercana con Gómez, compartiendo en eventos sociales y familiares.
- Contrato ilegal con el Ministerio de Defensa: En junio de 2020, lograron que el Ministerio firmara un contrato para acceder a información confidencial del Estado.
- Ingreso ilegal de tecnología destinada exclusivamente para organismos de inteligencia y defensa, a través del contrato fraudulento.
- Modificación ilegal de armas: Transformaron un arma de fuego con licencia en un arma de guerra.
- Ocultación de información crítica para detener la licitación, como parte del compromiso con el fraude.
- Impugnación de decisiones del órgano regulador, pese a las irregularidades graves señaladas.
- Sobornos a funcionarios para favorecer la participación de los implicados en la licitación.
- Usurpación de identidad de agencias de seguridad para instalar cámaras en sectores estratégicos sin autorización.
Más acusaciones en el caso Camaleón:
- Control absoluto del sistema de monitoreo de la red semafórica y de cámaras de seguridad estatal.
- Sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo en agosto de 2020.
- Sobre ejecución del contrato, excediendo las condiciones estipuladas.
- Robo de identidad de personas físicas y jurídicas para participar fraudulentamente en la licitación.
- Creación de un consorcio simulado para falsificar una oferta adicional en el proceso de licitación.
- Red de espionaje satelital para monitoreo ilícito.
- Intervenciones telefónicas ilegales.
- Uso de drones para videovigilancia ilegal en áreas estratégicas.
- Acciones penales y administrativas contra la suspensión del contrato.
- Ataques a infraestructuras críticas del Estado, generando caos en el tránsito.
- Adquisición de bienes de lujo con dinero procedente de los actos criminales.
- Lavado de activos procedentes de las actividades ilegales.
- Obstrucción de las investigaciones a través de infiltración en los procesos judiciales.
Además de Hugo Beras y Jochi Gómez, otros implicados en el caso incluyen a Frank Rafael Antilano Díaz, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y Juan Francisco Álvarez Carbuccia. Todos enfrentan cargos graves que involucran desde fraude hasta terrorismo y lavado de activos, en lo que se considera una de las mayores redes de corrupción descubiertas en la administración pública reciente.
Este caso revela una compleja trama de corrupción en la que se mezclan delitos económicos, manipulación de procesos estatales y ataques a la infraestructura crítica del país. Las autoridades continúan investigando para determinar la magnitud de los daños y los implicados en esta red que ha puesto en jaque la transparencia en las licitaciones públicas del país.