La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) ha solicitado órdenes de arresto y medidas coercitivas contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (también conocido como Jochy Gómez) y otros cuatro implicados en la investigación del contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam en la Operación Camaleón.
Esta solicitud, presentada por Wilson Camacho, director de la Pepca, fue dirigida a la jueza Fátima Scarlette Veloz Suárez, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional. Los cargos que enfrentan los acusados incluyen corrupción, desfalco, lavado de activos y terrorismo, y están siendo investigados en el marco de un proceso que ha involucrado al menos 15 allanamientos en el Gran Santo Domingo.
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Acusaciones y allanamientos
Además de Beras y Gómez, los detenidos incluyen a Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas. Todos ellos están acusados de corrupción administrativa, coalición de funcionarios, desfalco y estafa en perjuicio del Estado Dominicano. Las acciones que se les imputan violan el Artículo 146 de la Constitución de la República Dominicana y varios artículos del Código Penal. Que sancionan delitos como el uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa.
A estos cargos se suman acusaciones bajo la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que contempla delitos como sabotaje y robo de identidad. Y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Estas infracciones no solo implican corrupción administrativa, sino que también representan una amenaza para la seguridad nacional, lo que agrava la situación de los implicados.
Plazo legal y próxima audiencia
De acuerdo con la solicitud de la Pepca, los acusados deberán comparecer ante el juez de instrucción en un plazo de 48 horas. La jueza Veloz Suárez será quien determine si existen pruebas suficientes para mantener a los acusados bajo arresto preventivo o si podrán ser liberados bajo medidas cautelares.
Desarrollo del caso
El Ministerio Público continúa recabando pruebas que podrían involucrar a más personas en la red de corrupción. Los allanamientos realizados han sido esenciales para el avance de la investigación. Y se espera que nuevas evidencias salgan a la luz en los próximos días.
El director de la Pepca, Wilson Camacho, ha subrayado que este proceso es fundamental para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos y ha advertido que no se tolerará la impunidad en casos de corrupción. "Este tipo de acciones envía un mensaje claro a aquellos que buscan aprovecharse del erario público". Declaró Camacho en una reciente intervención ante los medios de comunicación.