Desde su proclamación como nación independiente en 1844, la República Dominicana ha modificado su Constitución en 39 ocasiones. Los motivos de estas reformas han variado ampliamente, desde la eliminación y posterior restauración de la reelección presidencial, hasta la concesión de autonomía al Ministerio Público. Ahora, en 2024, el país se prepara para la modificación número 40 de su Carta Magna, un hito que genera tanto expectación como debate en la sociedad dominicana.
Un proyecto liderado por el Ejecutivo
El presidente de la República, Luis Abinader, ha impulsado el nuevo proyecto de reforma constitucional, el cual ya ha sido aprobado en primera lectura por la Asamblea Nacional. Este lunes, a las 2:00 p.m., la Asamblea Nacional Revisora se reunirá para votar en segunda lectura el proyecto de ley, que propone cambios sustanciales en varios artículos de la Constitución.
El proyecto se inscribe dentro de un contexto de reformas que busca ajustar el marco jurídico del país a las necesidades políticas y sociales del momento, aunque no está exento de críticas. Con el apoyo del Congreso, y pocos cambios realizados en la primera lectura, esta reforma parece estar cerca de convertirse en ley.
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Artículos modificados: un enfoque hacia la representatividad y la administración pública
Uno de los cambios más significativos recae en el artículo 81, que redefinirá la composición de la Cámara de Diputados. En adelante, esta estará integrada por 170 diputados: 158 serán elegidos por circunscripción territorial, cinco por acumulación de votos, y siete por representación de la diáspora dominicana en el exterior. Esta última medida fue propuesta por el asambleísta Ramón Bueno, buscando aumentar la participación de los dominicanos residentes fuera del país en la vida política nacional.
Por otro lado, los artículos 166 y 167, presentados por el asambleísta Cristóbal Castillo, también sufren cambios importantes. El artículo 166 establecerá la representación permanente de la Administración Pública ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, mientras que el 167 consolidará a la Oficina del Abogado General de la Administración Pública como una dependencia del Poder Ejecutivo, lo cual refuerza la centralización del poder administrativo.
El papel del Consejo Nacional de la Magistratura
La independencia del sistema judicial ha sido un tema recurrente en las discusiones sobre la Constitución dominicana. En esta ocasión, las modificaciones en los artículos 171 y 179 abordan directamente el nombramiento de los principales actores judiciales. El artículo 171, impulsado por los asambleístas Pedro Catrain y Aníbal Díaz, establece que el presidente de la República propondrá a una persona para el cargo de Procurador General de la República y a siete procuradores adjuntos al inicio de su mandato, quienes serán nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura.
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El artículo 179, presentado por Ramón Rogelio Genao, también otorga al Consejo Nacional de la Magistratura la responsabilidad de designar tanto al Procurador General como a sus adjuntos, consolidando el papel de este órgano en la estructura judicial del país.
Debate político: entre la reforma y la crítica
Aunque el proyecto ha avanzado con éxito en el Congreso, no ha estado exento de cuestionamientos. Algunos sectores críticos argumentan que los cambios no abordan de manera integral los problemas estructurales de la República Dominicana, como la corrupción y la ineficiencia del sistema judicial, y que se centran más en garantizar el control político de los poderes del Estado.
En particular, la concentración de poderes en el Ejecutivo, manifestada en la reforma del artículo 167 y las modificaciones al Consejo Nacional de la Magistratura, ha generado debate sobre el posible debilitamiento de la independencia judicial, un tema delicado en un país que ha enfrentado desafíos relacionados con la separación de poderes.
Próximos pasos
Con la votación en segunda lectura programada para hoy, todo parece indicar que la República Dominicana sumará una nueva modificación a su Constitución. Sin embargo, la implementación de estos cambios y su impacto en la vida política del país quedarán bajo la lupa de la sociedad y de los actores políticos en los próximos meses.
La historia constitucional dominicana está marcada por constantes revisiones, cada una con el potencial de alterar el equilibrio de poderes y la gobernanza del país. Esta cuadragésima reforma se presenta como un nuevo capítulo en esa evolución, y como siempre, el verdadero efecto de los cambios propuestos se verá con el tiempo.
Una reforma que deja preguntas abiertas
A medida que avanza el proceso, queda por ver cómo la sociedad dominicana asimilará estos cambios, y si las modificaciones lograrán cumplir su promesa de modernización o si se convertirán en otro eslabón en una cadena de reformas que no logran transformar la estructura política de fondo.