La magistrada Fátima Veloz, de la Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito, ha pospuesto hasta mañana a las 3:00 p.m. su fallo sobre la solicitud de medida de coerción en el conocido caso Camaleón. Este caso involucra a varios imputados, entre ellos Jochi Gómez, Hugo Beras y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant, junto a otros exfuncionarios clave.
Entre los acusados también se encuentran Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del centro de control de tráfico, Frank Díaz y Carlos José Peguero Vargas. A todos ellos se les acusa de asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y falsedad de escrituras, entre otros delitos graves.
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Defensa de Jochi Gómez
El abogado de Jochi Gómez, Carlos Balcácer, argumentó que la colaboración de su cliente con la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca) demuestra que la medida cautelar solicitada es "improcedente". Gómez colaboró para desvincularse del presunto sabotaje semafórico relacionado con el caso.
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, cuyos jueces han sido señalados por el Ministerio Público como víctimas de espionaje por parte de Jochi Gómez, entraron a la sala de audiencias del Tercer Tribunal Colegiado, donde se está evaluando la solicitud de medida de coerción contra los acusados en la Operación Camaleón.
Detalles de la Operación Camaleón
La Operación Camaleón se originó a partir de una investigación sobre supuestas irregularidades en un contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latan SRL. Las autoridades han identificado como implicados principales a Hugo Beras, exdirector del Intrant, y Frank Díaz Warden, quien actuaba como representante de Beras en el Comité de Compras del Intrant.
Además de Gómez y Beras, figuran en la lista de acusados Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda y otros funcionarios, como Pedro Vinicio Padovani Báez y Carlos José Peguero Vargas. Según el Ministerio Público, en un allanamiento de un vehículo propiedad de Gómez, se encontraron documentos con los nombres de jueces, abogados y otros funcionarios relacionados con el caso.