El Tribunal Permanente del Distrito Nacional recesó este miércoles a las 2:00 p.m. la audiencia de medida de coerción contra Jochi Gómez, empresario de Transcore Latan SRL; Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y otros cinco involucrados en el caso Camaleón.
Además de Gómez y Beras, los imputados incluyen a Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del centro de control de tráfico; Frank Díaz, y Carlos José Peguero Vargas. Todos enfrentan cargos por asociación de malhechores, desfalco, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios y falsificación de documentos.
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El receso se debió a que la medianoche había llegado sin que los abogados de Jochi Gómez y Carlos Peguero presentaran sus argumentos. Según Máximo Muñoz, abogado de Carlos Peguero, aún falta que se escuchen los testimonios de sus defendidos y la réplica del Ministerio Público.
El Ministerio Público, representado por la magistrada Mirna Ortiz, directora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para todos los acusados y la declaración del caso como complejo. Ortiz aseguró que se han presentado más de 200 pruebas que vinculan a los imputados con la red criminal.
Detalles de la Operación Camaleón
La Operación Camaleón se originó tras una investigación sobre irregularidades en contratos entre el Intrant y Transcore Latan SRL. Durante los allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, las autoridades incautaron numerosas pruebas que respaldan las acusaciones. El Ministerio Público ha calificado esta operación como una de las más exitosas contra el crimen organizado.
Las defensas de los imputados piden libertad pura y simple, argumentando que no se ha demostrado culpabilidad. Sin embargo, el Ministerio Público asegura tener pruebas contundentes, incluyendo contratos ilegales para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo y un contrato fraudulento con el Ministerio de Defensa.