El exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, ha sido identificado por el Ministerio Público como el principal responsable de la adjudicación millonaria y presuntamente fraudulenta a la empresa Transcore Latam, encargada del manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Este hallazgo se detalla en el expediente de solicitud de medida de coerción presentado por el órgano persecutor. Afirma que la participación de Beras fue crucial para facilitar la inclusión de empresas sin las capacidades técnicas requeridas. Esto que resultó en un desvío de recursos del Estado.
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Según el expediente, Beras orquestó una estructura de corrupción desde su cargo en el Intrant. Esto con el objetivo de obtener beneficios económicos a través de compañías que no cumplían con los requisitos necesarios para gestionar la red semafórica.
Además de Beras, se menciona a su coordinador de despacho, Frank Rafael Atilano; al director de tecnología, Samuel Gregorio Vaquero. También al director financiero, Juan Francisco Carbucia, quienes, junto con otros involucrados, formaron una asociación para defraudar al Estado. Esta red incluye a José Ángel Gómez Canaán (conocido como Jochi), Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero Vargas, además de Transcore Latam S.R.L., que se adjudicó el contrato por un monto total de 1,317 millones de pesos.
Otros detalles del expediente
El expediente también revela que la adjudicación a Transcore Latam otorgó el control del sistema semafórico y de videovigilancia del Gran Santo Domingo. Los conectaron a un centro de monitoreo de la empresa Aurix, propiedad de Gómez.. Asimismo, se señala un esquema de lavado de activos que permitió movilizar el dinero recibido por Transcore Latam y transferirlo a cuentas de INPROSOL S.R.L. y otros implicados, que están bajo investigación.
Adicionalmente, el expediente destaca que el Intrant tenía previsto un presupuesto de 104 millones de pesos para el proyecto de los semáforos en su Plan Operativo Anual. Sin embargo, al momento de convocar la licitación, el monto se disparó en un 1,053%. Alcanzando así los 1,200 millones de pesos, sin justificación clara sobre los estudios técnicos que respaldaran tal aumento en el costo del proyecto.
La expectativa está puesta en el desarrollo de este caso, que podría tener importantes repercusiones en la lucha contra la corrupción en el país.