SANTO DOMINGO.- La Oficina de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional ha pospuesto para el próximo martes 8 de octubre la audiencia de medidas de coerción en contra del empresario Jochi Gómez, propietario de Transcore Latam SRL, y el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, ambos implicados en la operación Camaleón, junto a otros coimputados.
El Ministerio Público, representado por la magistrada Mirna Ortiz, directora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), ha solicitado prisión preventiva para todos los implicados, además de la declaratoria del caso como complejo, dada la magnitud de los delitos investigados.
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Operación Camaleón: Investigación de Contrato Fraudulento
La operación Camaleón se originó a partir de una investigación sobre presuntas irregularidades en un contrato entre el Intrant y la empresa Transcore Latam SRL, bajo la gestión de Hugo Beras. Además de Beras y Gómez, figuran como imputados Frank Rafael Antilano Díaz, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y Juan Francisco Álvarez Carbuccia.
Allanamientos y Evidencias
Como parte de la operación, se realizaron allanamientos en diversas localidades, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En el operativo participaron más de 170 agentes de la Policía Nacional y Unidades Especiales, junto con más de 30 fiscales especializados en la lucha contra el crimen organizado.
Durante los allanamientos, el Ministerio Público incautó cientos de evidencias que, según ellos, confirman las acusaciones presentadas en el caso. La institución ha calificado esta operación como una de las más exitosas en su lucha contra el crimen organizado.
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Contratos Fraudulentos y Sabotaje
Entre las pruebas clave que el Ministerio Público planea presentar se encuentra un contrato fraudulento relacionado con la modernización del sistema de semáforos en el Gran Santo Domingo, así como un contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, presuntamente utilizado para usurpar funciones de organismos de inteligencia y defensa del Estado.
Además, se ha recabado evidencia del sabotaje perpetrado en agosto contra la red semafórica del Gran Santo Domingo, uno de los elementos centrales de las acusaciones.
El Ministerio Público confía en que los elementos presentados ante el tribunal serán suficientes para lograr la imposición de las medidas coercitivas solicitadas y la declaratoria de complejidad del caso.